El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida y ordenó la restitución del servicio suspendido y permitir el acceso a los espacios comunes.
El Tribunal no hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la denunciada vulneró los derechos fundamentales de la demandante cuya remoción constituye un acto de discriminación grave, por lo que la funcionaria podrá optar entre la reincorporación al servicio o el pago de una indemnización.
La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y su derecho de propiedad.
La materia objeto del recurso de amparo en estudio no es de aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
La demandante dedujo como causal del recurso de nulidad, respecto de la primera multa, la letra c) del artículo 478 del Código del Trabajo, y, respecto de las demás multas, la letra b) de la misma disposición.
El ente contralor indicó que las Corporaciones de Asistencia Judicial tienen la condición de servicios públicos descentralizados y, por ende, integran la Administración del Estado.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en juicio de tutela de derechos fundamentales seguido ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La demanda fue acogida por la vulneración de los derechos a la integridad física y psíquica, a la honra y a la libertad de trabajo.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
