LyD arguye que avanzar en descentralización no pasa por la mera elección directa de sus autoridades, sino que requiere que las competencias que se transfieran estén apropiadamente delimitadas y explicitadas.
El fallo concluye que la Municipalidad de Ancud no pudo probar la existencia de daño ambiental como consecuencia del vertimiento de 9 mil toneladas de desechos de peces autorizado por Directemar.
A través de la técnica denominada “usuario simulado”, se analizó el ingreso, tratamiento y tiempos de respuesta de los organismos públicos a los ciudadanos que exigen información.
El proyecto, además, faculta al resto de municipios a prohibirlas. «La idea es cambiar la conciencia», dijo el senador Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente.
Se espera que las exposiciones se realicen en una próxima sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el mes de enero, en el contexto de la moción que busca sancionar esta situación cada vez más recurrente en nuestro país.
Se condenó al sargento segundo (r) de Carabineros, Luis Diógenes Ulloa Bahamonde y al ex carabinero Carlos Ulises Cifuentes Hernández a la pena de 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, como coautores de los delitos consumados de apremios ilegítimos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, que rechazó la denuncia por práctica antisindical y ordenó la restitución del dirigente a sus funciones habituales como jefe de administración y finanzas de la repartición pública.
El Tribunal de alzada acogió las presentaciones del Ministerio Público, los querellantes y la Intendencia Regional de La Araucanía, tras establecer que la sentencia recurrida, dictada el 14 de noviembre por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, violó los principios de la lógica al no fundamentar los motivos por los que arribó a absolución de todos los acusados.
El Tribunal rechazó la acción judicial, tras no lograr acreditar la demandante que sus funciones en el Hospital El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú se extendieron más allá de las especificadas en el contrato a honorarios suscrito.
Municipalidad tomó la decisión de desalojar el inmueble sin realizar un procedimiento previo vulnerando la garantía del debido proceso. Además, no existe claridad de que se necesite una patente municipal y/o autorización administrativa por lo que su falta no puede justificar el acto administrativo censurado.
