El Ministro acusó al Carabinero en retiro Domingo Antonio Campos Collao como autor del secuestro calificado de Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, de Miguel Eduardo Yaufulem Mañil, de Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil y de Samuel Huichaillán Levian.
El Tribunal de alzada no dio lugar al recurso deducido en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Copiapó, el lunes 30 de abril recién pasado.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y le ordenó responder fundadamente si procede o no el beneficio reclamado.
El Magistrado condenó a Marcos Spiro Derpich Miranda y Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla como a 20 años de presidio como coautores de todos los homicidios calificados y 5 años y un día de presidio como coautores de asociación ilícita.
El Vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, y el presidente de la Comisión de Constitución, Francisco Huenchumilla, recibieron a la Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda por supuesto incumplimiento del contrato de «Reposición y Ampliación de la Ruta 25, Sector Circunvalación a Calama III Etapa».
El máximo Tribunal estableció que el plazo legal de 60 días para interponer demanda de pago de indemnizaciones en tribunales laborales, se suspende cuando se presenta reclamo ante la Inspección del Trabajo, como ocurrió en la especie.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al descontar la deuda con el 100% de la pensión mensual.
Cuando los Tribunales Constitucionales en lugar de dejarse guiar por la generosa transformación e innovación que enriquece la jurisprudencia, la literatura jurídica y política, se deja atrapar por la hegemonía ideológica, desprestigio, corrupción desarrollada, nepotismo, acoso laboral y el autoritarismo, el resultado no puede ser otro que el desmantelamiento del Estado de Derecho y la consiguiente desarticulación del Estado Constitucional.
A la instancia fueron invitados los Ministros de Justicia, Hernán Larraín y de la Segpres, Gonzalo Blumel; y el presidente de dicho Tribunal, Iván Oróstica.
