La Corte de Apelaciones de Santiago manifestó que, la recurrida con su negativa a dar cumplimiento al decreto de demolición infringió la garantía de igualdad ante la ley.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Antonio.
Se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen.
La Corte señala que la decisión se adoptó por la autoridad facultada para ello y en un caso previsto por la ley.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales correspondientes al debido proceso y derecho de propiedad. No obstante, el recurso se estimó extemporáneo.
Se deben adoptar las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos.
Corte de Talca señaló que no existen antecedentes que dan cuenta de eventuales irregularidades o infracciones a la probidad como se denunció.
El Tribunal de alzada revocó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Tomé, tras considerar que la imputada fue víctima de una serie de actos de violencia de género por parte del occiso, por casi una década.
Condenó a Janeth Angeline Yáñez Carmona a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia de la Corte de Santiago, que estableció la responsabilidad de la empresa por los defectos en el inmueble.
