LyD arguye que las consecuencias del fallo son graves, por cuanto se ordena a las demandadas a desprenderse del espectro radioeléctrico en exceso de límite (60 MHz), ya adquirido válidamente en un concurso público.
Entre los temas abordados está incorporar el interés superior del niño, niña y adolescente, como principio rector del actuar de los órganos del Estado; reconocer la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar; entre otros.
El presidente de la institución lila expuso sobre los hechos que llevaron a la desafiliación del Club del Fútbol Profesional por parte de la ANFP, por incumplimientos laborales y financieros de la concesionaria a cargo, que arrojó una deuda de mil 800 millones de pesos.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada que estableció la responsabilidad por falta de servicio del establecimiento hospitalario en el delito.
El máximo Tribunal examina que la solicitud de remoción señale con claridad y precisión los hechos que configurarán la causal invocada y si a ella se compaña o se ofrece, si fuese del caso, los medios de prueba en que se fundare.
El texto plantea que revertir el caso histórico no convertiría automáticamente el aborto en ilegal en todo el país, pero devolvería la decisión sobre su legalidad a los estados, en donde ya existe un mosaico de leyes que hace que este procedimiento esté más o menos disponible, dependiendo en gran medida de las inclinaciones políticas del liderazgo de cada uno.
El Tribunal responde así a la consulta del Reino Unido tras la denuncia de una pareja, formada por un nacional británico y una sudafricana, después de que Reino Unido rechazase la solicitud de residencia de ella por no estar casados en el momento de la petición.
El contenido de los contratos no sólo no son objeto de comunicación pública (lo cual puede encontrar cierta justificación), sino que su contenido tampoco es conocido por parte de la autoridad administrativa de control, circunstancia que puede suponer un foco de abusos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15° Juzgado Civil de Santiago que estableció la responsabilidad del Estado en el delito de lesa humanidad.
Los legisladores recuerdan que la ley que introdujo este sistema obligatorio contó con un periodo de adaptación de seis años y que, posteriormente, se tuvo que extender hasta el presente año.
