El órgano contralor ordenó a la entidad castrense informar sobre la materia, en el plazo de 20 días, con el fin de revisar la eventual prescripción de la deuda indicada por la recurrente.
Si bien las normas laborales y administrativas son aplicables a los trabajadores y funcionarios del ámbito de la salud, no existen normas que regulen el acoso sexual que puede suceder en la relación médico-paciente», advierten los senadores.
El proyecto será analizado, el martes 07 de mayo, por la Comisión de Hacienda.
El Tribunal de alzada acogió la acción deducida por la Corporación pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur.
Asimismo, se aborda el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el impacto de los nuevos delitos introducidos por la ley Nº 21.121 en la administración de las sociedades.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
En la investigación de la ministra no se acreditaron nuevos hechos constitutivos de faltas disciplinarias que involucren a otros funcionarios de la jurisdicción de Rancagua.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del órgano contralor, tras establecer que entregó toda la información que poseía sobre la materia.
El máximo Tribunal acogió las acciones cautelares presentadas por funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio del Interior.
El Tribunal de alzada rechazó con costas, el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
