El máximo Tribunal indicó en su sentencia que la Universidad ajustó su proceder al ordenamiento jurídico, sin que esto pueda ser calificado como arbitrario, desde que en su rol de proteger los créditos relativos al Fondo Solidario Universitario.

El órgano contralor complementó que, sin embargo, eso no obsta a que se pueda hacer efectiva una eventual responsabilidad de quienes originen tal dilación.

La gestión pendiente incide en autos sobre tutela laboral por denuncia de prácticas antisindicales en negociación colectiva, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía del Senado.

El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 de la Constitución numeral 24.

La Corte ordenó que, en un término de 15 días siguientes a la notificación de la sentencia, de forma continua, se suministre agua potable al núcleo familiar del accionante.

La gestión pendiente incide en autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento, de que conoce el 17° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Tribunal de alzada acogió, además, el recurso interpuesto por la defensa de los funcionarios y anuló la sentencia que los condenó como autores del delito de falsificación de instrumento público, procediendo a dictar, sin nueva vista, sentencia de reemplazo en la parte correspondiente.

El Tribunal de alzada acogió la acción de protección, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la institución financiera al no asumir el perjuicio económico generado al recurrente.

El máximo Tribunal estableció que no corresponde el pago ejecutado por la Municipalidad de Lo Barnechea.