La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurre a la decisión revocatoria, pero teniendo únicamente en consideración que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia, en la especie no sólo se está en presencia de una actuación arbitraria.
El requerimiento arguye que la infracción yace en rechazar la autorización para celebrar un contrato de concesión de servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de calles con extracción de basura.
La Dirección Regional Magallanes y la Antártica Chilena determinó que el proyecto debía someterse al SEIA dado que el carácter permanente de las actividades de navegación y avistamiento, y el número creciente de visitantes, que coinciden con épocas de apareamiento y alimentación, conllevan un riesgo de afectación de las especies de mamíferos y aves marinas, que son objeto de protección.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda y ordenó a la compañía aseguradora pagar $12.832.813; dio lugar a la demanda de daños incidentales, pero solo respecto de dos cuotas del contrato de leasing por 37,05 UF cada una y dio cabida a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, condenando a la demandada al pago de $1.500.000.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), entidad perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto a la organización internacional Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, desarrollarán el seminario “Estándares de investigación judicial de graves violaciones a los derechos […]
Judicatura especializada determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente no fundamentó debidamente la configuración de la infracción imputada y sancionada.
El Tribunal de alzada estableció la improcedencia de emitir pronunciamiento sobre un proceso en tramitación, al haber devuelto el ente contralor, con reparos, el sumario administrativo abierto al facultativo.
El Tribunal acogió la acción deducida, tras establecer que el actuar de la demandada vulneró los derechos fundamentales de la trabajadora al iniciar un proceso paulatino de detrimento de las condiciones laborales en forma paralela al embarazo de la demandante.
El Tribunal estableció que la restitución del inmueble, vía demanda de precario, no aplica en casos en que existan relaciones familiares entre las partes.
