La gestión pendiente incide en proceso contencioso administrativo sobre recurso de reclamación seguido ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema por recursos de casación en la forma y en el fondo.
Gendarmería mantuvo la supervigilancia de los beneficiados por el indulto conmutativo (COVID 19) por lo que debe realizar la evaluación de la conducta de los internos.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional colombiana protegió los derechos de una mujer transgénero, a quien su empresa prestadora de salud (EPS) le negó los procedimientos y laboratorio clínicos ordenados por el médico tratante para su reafirmación sexual y de género.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría su libertad personal, toda vez que se genera un gravamen injusto y desproporcionado que la requirente no está obligada a soportar.
Esto, a propósito de solicitud del Senador Alejandro Guillier, quien pide un pronunciamiento en relación a si se ajusta a derecho el procedimiento de otorgamiento de beneficios adicionales o complementarios a quienes fueron favorecidos con la Beca de Doctorado Nacional, seguido por la entonces Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurren las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC, ya que el precepto legal impugnado no es decisivo en la resolución del asunto concernido en la gestión judicial invocada, y el requerimiento interpuesto adolece de falta de fundamento plausible.
El recurso arguye que Gendarmería de Chile, como servicio público centralizado, tiene legitimidad activa, pues se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la facultad para administrar los bienes y recursos de la institución, velando por su buen uso y su conservación.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, carecer de fundamento plausible.
Se ordenó eliminar las publicaciones que contienen la foto del recurrido y donde se le imputa el carácter de violador o abusador.
