La Corporación votó y aprobó la llamada «cuestión previa», que determina que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala y, por tanto, se la entiende como no presentada.

La primera acusación constitucional presentada contra un presidente en el ejercicio de su cargo fue en 1956, a Carlos Ibáñez Del Campo.

La jueza solo podrá estar en su cargo nueve meses ya que el 13 de septiembre de 2020 se cumplirán los nueve años en los que un magistrado puede formar parte de la máxima Corte.

El Tribunal acogió la demanda y condenó por la falta de servicio a la empresa concesionaria, por no disponer de sistemas de vigilancia que evitaran o advirtieran el ingreso de animales a la carretera.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la empresa recurrida al no reincorporar a la trabajadora, pese a que presentó certificado médico dando cuenta de su estado de gravidez.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en representación de la parte demandada.

El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario de la policía uniformada al recortar la pensión legal de la recurrente.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la Superintendencia de Salud al aplicar la sanción al nosocomio.

El amparado señala se transgredió el debido proceso, en lo que se refiere al derecho de defensa y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La Corte acogió apelación del Ministerio Público y decretó prisión preventiva para el amparado.