La Segunda Sala adujo que la requirente no ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, razón por la cual, atendido el tiempo transcurrido, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.

La resolución impugnada fue ordenada por autoridad competente, dentro de la esfera de sus facultades legales.

El STF expuso que prevaleció el entendimiento de que la tutela judicial de la libertad religiosa prevista en la Constitución Federal y la fijación de beneficios o criterios alternativos cuando se alegue una excusa de conciencia es necesaria y obligatoria, siempre que no atente contra la igualdad de competencia.

La figura de la vacancia presidencial debe ser entendida en el marco de la protección de la institucionalidad democrática, y en ese sentido, preocupa a la CIDH su uso reiterado, que afecta la gobernabilidad con graves efectos en la estabilidad democrática y social.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al proceder a interrumpir el suministro a sabiendas de la electrodependencia de residente de 64 años, que vive sola y requiere utilizar de por vida un artefacto eléctrico que impide las interrupciones respiratorias al dormir, debido que sufre el síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (Sahos).

El Tribunal de alzada estableció que la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, no contiene ninguna interpretación sobre la materia de derecho planteada por el recurrente.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Segundo Civil de Chillán, que acogió la demanda.

El máximo Tribunal descartó infracción legal en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que ordenó pagar a la demandada la suma de $3.900.000 por concepto de indemnización de perjuicios por daño emergente.

La resolución agrega que por otra parte, la misma testigo (doctora con la que trabajaba el demandante) declaró que existía una tolerancia de 15 minutos en el horario de ingreso –en la mañana sobre todo– respecto de los trabajadores.

El Tribunal aplicó una multa de 590 UTM a la empresa por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores.