Resulta improcedente restablecer los derechos alegados por la vía de protección, ya que tal restricción se encuentra establecida en los estatutos gremiales; normas que deben ser respetadas por cuanto son las que los socios se han dado.

El cambio de unidad penal no se debe a causas imputables al amparado, como su mala conducta, puesto que evidentemente no depende de aquel el número de internos de uno y otro penal, cuestión que es de responsabilidad de la autoridad administrativa.

La acusan de implementar un sistema de pago para adquirir mejoras adictivo e inmoral, pues las recompensas obtenidas son aleatorias y determinadas por la suerte. Además, alegan que Nintendo diseñó el videojuego Mario Kart Tour de manera tal que es necesario comprar recompensas para avanzar en él.

Para la Corte, el actuar de la denunciada da cuenta de su absoluta indiferencia al ejercicio de las facultades que la ley ha encomendado al Servicio Nacional del Consumidor, pues omitió la entrega de información requerida por dos años, cumpliendo con lo solicitado recién durante la sustanciación del proceso judicial.

Además, establece que los vehículos del transporte remunerado de pasajeros deberán contener, en un lugar visible al público, una advertencia clara y expresa de la pena más alta que arriesgan aquellos que atenten contra la integridad de conductores.

Lo anterior, no impide que los Servicios Sanitarios Rurales que carezcan de derechos de aprovechamiento puedan solicitar autorización con cargo al decreto de escasez, por un caudal determinado, para extraer recurso hídrico para fines de consumo humano o saneamiento.

El Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación de una Policía militar especializada, encargada de resguardar las fronteras del país.

La causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, está establecida en favor del órgano requerido, sin que un tercero pueda invocarla erigiéndose en una especie de agente oficioso.

El actor debía proporcionar evidencia que le permita al juez inferir la probabilidad de daño de una magnitud suficiente para superar el interés público en proteger la libertad de expresión del demandado. Además, la legislación exige alguna prueba que permita al juez inferir un nexo de causalidad entre la expresión del imputado y el daño sufrido. Y existe una escasez de pruebas respecto al presunto daño causado.

El cumplimiento o incumplimiento del contrato administrativo es una materia que debe ser de conocimiento del respectivo órgano jurisdiccional que en causa de lato conocimiento resuelva el conflicto jurídico suscitado entre las partes.