El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo deducido y, en sentencia de reemplazo, ordenó la reinscripción solicitada.
El oficio del CPLT insta a que el informe contenga detalles de gastos, insumos, número de test, funcionarios médicos y de salud destinados a enfrentar la pandemia.
El objetivo principal del proyecto ingresado es penalizar de manera efectiva a quienes pongan en riesgo la salud de las personas.
La abogacía se enfrenta a uno de los retos más importantes de los últimos años, seguir manteniendo su relación con los clientes en un entorno complejo.
En su sentencia el máximo Tribunal razona que la controversia se circunscribe a determinar cuáles días son hábiles a efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 171 del Código Sanitario para la interposición del reclamo de ilegalidad ante el juez civil.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Curacaví.
De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnología y el trabajo remoto.
El proyecto también prohibe el corte de los servicios.
La Corte de Santiago indicó que, el legislador previo un estricto sistema para la acreditación de especialidades médicas a cargo de la Superintendencia de Salud.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 4 y 24.
