El máximo Tribunal estableció que corresponde al Fisco asumir solidariamente el pago de las prestaciones adeudadas.
El Tribunal de alzada condenó a la distribuidora eléctrica a pagar $421.950, por daño emergente, y $3.000.000, por daño moral, a la demandante.
El Tribunal de alzada acogió la acción de protección tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, al denegar la devolución del dinero.
La DGMN sólo permite la inscripción de un arma cuando, a su juicio, presume que quien la tenga lo hará con el objeto de proteger el sitio o lugar declarado. Esta entidad debe llevar el registro de las armas inscritas.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional de igualdad ante la ley.
La parte recurrente estimó vulnerado el derecho a la propiedad.
La amparada estimó vulnerado la garantía constitucional del derecho a la libertad ambulatoria.
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el principio de legalidad penal y el principio de irretroactividad de la ley penal y la igualdad ante la ley.
Las autoras concluyeron que admitir que el nexo se encuentra presumido y es el deudor quien debe acreditar una causa diferente al incumplimiento para exonerarse de responsabilidad, es la solución más razonable.
Se impugna el artículo 1° inciso tercero, en relación con el artículo y 485 del Código del Trabajo.
