La Sala Tercera de Revisión explicó que, en virtud de la autonomía territorial, se deben establecer mecanismos de concurrencia y concertación para delimitar zonas excluibles de la minería con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.

La gestión pendiente incide en autos ejecutivos seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

La recurrente señala que sus derechos a igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo y a la propiedad se han visto vulnerados.

La recurrente estimó vulneradas su derecho de propiedad.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de reclamación, de que conoce la Corte de Santiago.

Se concluyó que la Superintendencia del Medio Ambiente, deberá adoptar a la brevedad las medidas conducentes para afinar las investigaciones y, según su mérito, disponer la instrucción de los procedimientos sancionatorios pertinentes.

El proyecto fue presentado por los senadores Muñoz, Órdenes, Provoste, Latorre y Letelier.

El ente contralor adujo que lo resuelto en el dictamen N° 4.611, de 1998, no puede servir de fundamento a la pretensión de la UTEM.

La recurrida señala que su derecho a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, a la igual protección de los derechos y a la propiedad, se ha visto vulnerada.

Se concluyó que se debe revisar la totalidad de sus disposiciones, a fin de armonizar su contenido con la normativa y los criterios ya establecidos por esta Entidad de Control en la jurisprudencia administrativa, procede que esa Contraloría Regional represente la resolución.