En específico se estudió si tales facultades desconocían el artículo 267 de la Constitución, que define a Contraloría como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Magistratura constitucional adujo que el legislador es libre de establecer un sistema de recursos que le parezcan pertinentes a la naturaleza de la controversia para la protección de los derechos e intereses comprometidos de los justiciables.
La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21, 22, 24 y 26.
La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 21, 22, 24 y 26.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró inadmisible el recurso de protección.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, del mérito de los antecedentes apareció de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El objetivo principal del proyecto ingresado es lograr que se cumpla la obligación de pago.
Un procedimiento de ese tipo no está incluido en el ámbito de la Decisión Marco relativa al decomiso de bienes.
El máximo Tribunal ibérico en los próximos días notificará la sentencia completa con sus fundamentos jurídicos.
