La Magistratura constitucional colombiana adujo que, el no pago de estas obligaciones por parte de personas con capacidad económica para hacerlo, implica un abuso del derecho y el correlativo desconocimiento de sus deberes.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, que aprobó la sanción aplicada a la recurrente por la Inspección del Trabajo Sur Oriente.
El Tribunal de alzada solicitó a los recurridos remitan «conjuntamente todos los antecedentes necesarios al efecto, bajo apercibimiento de prescindirse de él y de aplicársele algunas de las medidas contempladas en el numeral 15 del Auto Acordado que regula la acción constitucional de protección, si así no lo hiciere».
El máximo Tribunal acogió recurso de casación en el fondo deducido y, en sentencia de reemplazo, ordenó la reinscripción solicitada.
El oficio del CPLT insta a que el informe contenga detalles de gastos, insumos, número de test, funcionarios médicos y de salud destinados a enfrentar la pandemia.
El objetivo principal del proyecto ingresado es penalizar de manera efectiva a quienes pongan en riesgo la salud de las personas.
La abogacía se enfrenta a uno de los retos más importantes de los últimos años, seguir manteniendo su relación con los clientes en un entorno complejo.
En su sentencia el máximo Tribunal razona que la controversia se circunscribe a determinar cuáles días son hábiles a efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 171 del Código Sanitario para la interposición del reclamo de ilegalidad ante el juez civil.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Curacaví.
De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnología y el trabajo remoto.
