La Corte Suprema ratificó el fallo del Tercer Tribunal Medioambiental y la denuncia efectuada en 2019 por el actual consejero regional Alejandro Riquelme Ducci.
Ello tras rechazar un reclamo de ilegalidad presentado por la empresa Invermar S.A., en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, el cual había acogido el amparo presentado por el solicitante de estos antecedentes en contra de Sernapesca, servicio que se había opuesto a entregar la información a solicitud de privados que alegaron eventuales afectaciones comerciales y económicas si llegaban a difundirse los detalles de la información requerida.
La Justicia se puede convertir en injusta con excesiva facilidad, al degenerar en un instrumento de abusos y atropellos por parte de quienes la administran. El cine es un instrumento eficaz para denunciar sus imperfecciones. Sobre estas líneas, un fotograma de la mítica película «Matar a un ruiseñor», sobre la que también trata esta columna de Javier Nistal.
El Tribunal de alzada estableció yerro en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, al anular la multa impuesta.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal de la casa de estudios por aplicar en forma retroactiva el contrato de prestación de servicios educacionales, modificada en 2018, y afectar la garantía de igualdad ante la ley que garantiza la Constitución Política de la República.
El requirente alega que se le ha impedido objetar una tasación injusta, vulnerando su derecho de propiedad y de igualdad ante la ley.
El recurrente acusó que durante la evaluación para optar al cargo de mediador familiar licitado no se tomó en cuenta su especial situación de discapacidad, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.
El actor hizo uso personal de su clave Be Pass en la aplicación del Banco Estado instalada en su teléfono móvil y no se logró acreditar la veracidad de que recibió una llamada de una mujer no identificada y que habría afirmado ser ejecutiva del Banco.
Arriesgar una larga condena privativa de libertad permite concluir razonablemente que existe un peligro de fuga digno de ser protegido.
La norma satisface estándar constitucional exigido en virtud de los principios de legalidad y proporcionalidad
