En la causa, el ministro Carroza absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros 32 exagentes de la DINA.
Permitirá reducir los costos de la energía al transformarse en un sustituto del suministro de la red eléctrica.
No se han conculcado las garantías constitucionales invocadas por la actora en su recurso de protección.
Los actos reclamados son arbitrarios e ilegales e importan una afectación a la integridad psíquica del recurrente y de su familia.
La CIDH concluye considerando que las personas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, agravada cuando sufren de Alzheimer y otras formas de demencia.
Se afectó la garantía de igualdad ante la ley, al ser la recurrente discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados.
Se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $10.000.000 (diez millones de pesos).
Al tarjarse ciertos datos personales en los antecedentes sobre la contratación de una persona como recepcionista, se obró en conformidad a lo que establece la respectiva normativa.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso, en específico el derecho a un válido emplazamiento y a una defensa letrada libremente escogida.
Con fecha 14 de enero de 2017, se interpuso en contra del aludido certificado N° 326, un reclamo de ilegalidad ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso.
