Esto, a propósito de solicitud del Alcalde de la Municipalidad de Ancud, quien requirió un pronunciamiento en relación con el bono para los trabajadores de las empresas concesionarias de aseo contemplado en la ley Nº 21.125.
Uno de los vicios alegados dice relación con la convocación a la elección de la Directiva sin incluir a todos los asociados, con el fin de boicotear el proceso de elección oficial realizado en paralelo.
La acción consiste en una demanda que busca la reparación de daño ambiental por la División Salvador de la titular, por extracción de aguas superficiales y subterráneas en el Desierto de Atacama.
De modo de mejorar las condiciones laorales de la gente de mar.
El ente contralor adujo que lo señalado, debe ser regulado en sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno.
Las infracciones se adoptaron luego de comprobar diversas denuncias ciudadanas y del Consejo de Monumentos Nacionales referidas al impacto sobre vestigios en sitios históricos patrimoniales, por no reportar monitoreos e incumplimientos a su RCA.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal rechazó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la que no emite pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación de jurisprudencia.
El máximo Tribunal estableció que el recurso no puede prosperar debido a que no existir fundamentos análogos entre la sentencia impugnada y la aparejada como referencia.
La entidad edilicia requirente estima que el precepto impugnado infringiría, en primer lugar, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.
