Ello ha provocado un debate que ha llegado hasta los tribunales que tendrán que pronunciarse si la ley que la prohíbe, viola los derechos humanos.
Compañía deberá abonar 88.408 euros en total a cuatro clientes que contrataron sus servicios por “incumplimientos graves y culpables” del contrato.
El Gobierno boliviano amplió los cultivos legales de coca bajo el argumento de recuperar y promover el uso tradicional de esta hoja considerada como patrimonio cultural del país.
En su libelo los vecinos señalan que estas edificaciones afectan su calidad de vida debido a los constantes ruidos, la presencia de polvo en suspensión, la falta de luz y la pérdida de áreas verdes.
Dirección del Trabajo fiscalizará cierre del comercio con ocasión de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de este domingo.
La eliminación de dichos documentos se conoció tras difundirse en la prensa un informe del Ejército de Chile en el que se admite la incineración de archivos de dicha época y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración.
El fallo desestimó la acción judicial que solicitaba pagar de una suma total de $3.577.870.869 más las cotizaciones previsionales, tras establecer que los demandantes recibieron dichos pagos en sus remuneraciones.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que condenó a individuo, tras establecer la legalidad del control de identidad y posterior registro de vestimentas a que fue sometido el condenado, lo que permitió detectar que circulaba con un monto de $515.000 de billetes falsificados de 5 mil pesos.
El máximo Tribunal dio lugar a la acción cautelar deducida por afiliado por los descuentos que se realizan a sus remuneraciones por un crédito intercajas, tras establecer el actuar arbitrario de las recurridas al descontar la deuda de las remuneraciones, sin recurrir previamente a los procedimientos ordinarios de cumplimiento.
El máximo Tribunal ratificó la resolución recurrida que estableció el actuar arbitrario del servicio, que excedió sus facultades legales al negar la renovación del carné de identidad, sobre la bases de una investigación administrativa realizada.
