El caso trata sobre una acción declarativa interpuesta en contra de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y del Fisco ante el 18º Juzgado Civil de Santiago.

El informe conjunto evalúa la situación del derecho a la libertad de expresión en el país y realiza recomendaciones para la protección de periodistas y la debida investigación de los ataques sufridos por estos profesionales.

La inhabilidad para postularse a cargos de elección popular también alcanzaría al Contralor General de la República.

La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el debido proceso.

Aborda cómo defender los derechos de las personas refugiadas, sobre el papel de los gobiernos a la hora de protegerlas e impedir que se violen sus derechos humanos y sobre cómo combatir la discriminación.

El país plantea el fortalecimiento del sistema de gestión pesquera para garantizar la sostenibilidad a través de dos programas, uno de seguimiento digital y otro para ajustar las técnicas de explotación del recurso.

La instancia aprobó por unanimidad en general el texto legal que tuvo su origen en una moción de senadores.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a un imputado a 600 días de presidio por arrojar elementos incendiarios.

La sentencia del máximo Tribunal considera que el Tribunal de alzada actuó con el vicio de extrapetita ?más allá del conflicto judicial planteado- al acoger el principio de non bis in ídem en el caso.

Los rescatados disponen de un plazo legal de 45 días de entrada para quedarse en territorio español, tiempo ampliado de los 30 días habituales por razones humanitarias, en el que se decidirá si se les envía a alguna de las ciudades españolas que se haN ofrecido a acogerlos.