La sentencia advierte que, dada la secuencia de hechos que relatan en la gestión, no es posible afirmar que estemos en presencia de vicios de constitucionalidad.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó las multas de 3 y 35 UTM aplicadas al transportista, y de 6 y 70 UTM, al dueño de los productos.
El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de la reclamante en contra la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La Fiscalía de dicho país permitió a dos ciudadanos, en su calidad de intervinientes especiales, consultar un expediente durante la etapa de indagación, pero solo accedió a la reproducción de documentos que no tuvieran el carácter de reservado o clasificado.
La resolución señala que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6°, del artículo 84 de la LOCTC, ya que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible.
Con el fin de evitar que las ideologías políticas de los fiscales afecten procesos judiciales.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Adicionalmente establece la obligatoriedad de informarlo públicamente.
El órgano contralor argumentó que los reclamos de la especie dicen relación con la supresión de horas, y no con la no renovación de contrataciones o prorrogas por un tiempo inferior, por lo que procede referirse al cumplimiento de la normativa que regula dicha medida a fin de determinar si los municipios se ajustaron o no a derecho al aplicarla.
