La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires omitió el control sobre la cuestión federal comprometida, lo que no se ajusta a la doctrina desarrollada por la Corte Suprema en «Strada» y «Di Mascio».

La gestión pendiente incide en autos infraccionales, seguidos ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Puerto Montt.

Se estimó que los mensajes publicados constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, la decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Letelier, quien estuvo por acoger los requerimientos.

El Tribunal acogió la acción judicial tras establecer la responsabilidad del Estado al permitir que la víctima dejara la zona de seguridad y bajara hacia la costa de la localidad de la región del Bío Bío, debido a que las autoridades levantaron la alerta de tsunami.

El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada por Paola Oyarzún Escobar, hija y sobrina de los supuestos subversivos.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, que estableció que el despido de la demandante no puso término al contrato de trabajo, en los términos que fija el artículo 162 inciso 5° y 7° del Código del Trabajo.

El objetivo es mejorar las condiciones de estabilidad en la contratación y derechos laborales de los educadores tradicionales.

La actualización de este acuerdo internacional, que data de 1932, fue aprobada por la Comisión. El texto incluye, además, la posibilidad de extraditar nacionales.