La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García Pino y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento por adolecer de falta de fundamento plausible.
Transcurridos dos años del plazo legal establecido para el nombramiento este no se había realizado.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La iniciativa limitará la capacidad económica de los grupos delictivos, facilitando la enajenación de bienes incautados y permitiendo un mejor uso de esos recursos, y además aumenta las penas por el uso de niños en el tráfico de drogas.
El mecanismo será sin costo para el cliente y podrá ser activado cuando sea requerido.
El objetivo principal del proyecto ingresado es el derecho constitucional a la propiedad sobre los fondos contenidos en la cuenta de capitalización individual.
Si la privación temporal de la libertad resulta injustificada, como en este caso en que el afectado por la prisión preventiva fue absuelto, no puede exigírsele que simplemente se conforme con esa injusticia que derivó de un exceso en el ejercicio del ius puniendi del Estado.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó el pago solidario por concepto de daño moral y lucro cesante al trabajador.
Tras reportaje de CIPER que apunta a reportes del Ministerio de Salud (Minsal) dirigidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que registrarían cifras más altas de fallecidos por COVID-19 que el que la autoridad sanitaria comunica en ruedas de prensa, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, manifestó necesidad de optar por una cifra única.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó una disposición en ese sentido, en el marco del proyecto que busca sancionar a quienes no cumplan con las medidas preventivas en caso de epidemias o pandemia.
