En el primer fallo, el Tribunal de alzada condenó a nueve exintegrantes del Comando Conjunto por asociación ilícita y los secuestros calificados de Aníbal Raimundo Riquelme Pino, Francisco Juan González Ortiz y Alfonso del Carmen Araya Castillo.
El Tribunal estableció la falta de cuidado de Gendarmería en la especie, por lo que ordenó al fisco pagar a los demandantes la suma total de $50.000.000.
El máximo Tribunal estableció que la naturaleza de los créditos sociales les otorga preferencia en procesos de liquidación.
Acogió a trámite un recurso de protección presentado por la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad en contra de Carabineros y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Relacionados con materias, tales como perfeccionamiento de la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores, calificación y remoción de administradores de tribunales, muerte digna y cuidados paliativos, regulación de demandas de tutela laboral de funcionarios públicos y delitos ambientales, entre otros.
El Tribunal de alzada, en el primer recurso, acogió la acción constitucional de amparo deducida por los rectores Patricio Sanhueza, de la U. de Playa de Ancha; Aldo Valle, de la U. de Valparaíso; Claudio Elórtegui, de la Pontificia U. Católica de Valparaíso y Darcy Fuenzalida, de la U. Técnica Federico Santa María por tres estudiantes.
El Tribunal de alzada tuvo por interpuesto el recurso y dio plazo de 24 horas a los recurridos para que evacuen informes para una debida compresión del asunto.
Entre los principales acuerdos en vías de lograr una Nueva Constitución se determina la realización de un plebiscito en el mes de abril de 2020.
Este análisis no recoge lo sucedido durante la crisis social de octubre, sin embargo abarca materias que están directamente relacionadas con las demandas planteadas en las manifestaciones.
Imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito frustrado de incendio de la sede del senador Juan Antonio Coloma; y dos delitos de robo en lugar no habitado.
