La gestión pendiente incide en autos civiles, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de La Serena, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de La Serena, por recurso de apelación.
La expresión «falta» contenida en el artículo 85 del Código Procesal Penal está referida a hechos de naturaleza penal.
Si así fuere ello supondría un fuerte desincentivo para postular a cargos de Alta Dirección Pública y además atentaría contra el propósito de profesionalizar y modernizar la relación entre el Estado y sus funcionarios, en el marco de la política pública de «nuevo trato» que inspira a dicha normativa.
El autor analiza las propuestas de reforma electoral de cara a las próximas elecciones generales del 2021 en Perú, ante lo cual afirma la necesidad de consolidar la reforma referida a las causales de pérdida de inscripción de partidos políticos, eliminación del voto preferencial, financiamiento de organizaciones políticas, entre otros.
El Tribunal de alzada desestimó actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, tras establecer que la empresa periodística ejerció el derecho a informar sin censura previa un hecho de interés público; además, la recurrente, al presentar la querella, no pidió reserva de la causa ni de sus datos personal.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada por ambas partes, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró improcedente el despido y ordenó el pago de las prestaciones adeudadas al trabajador.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la aseguradora al no acceder a la modificación, argumentando que el cambio solicitado excedía la cotización de salud obligatoria del 7% de la afiliada.
El Tribunal de alzada ordenó al usuario retirar de redes sociales las publicaciones cuestionadas y abstenerse de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación social en contra de los recurrentes.
El texto regirá para usuarios que acrediten determinadas circunstancias que les impida cumplir con sus obligaciones de pago durante el contexto sanitario y económico derivado de la crisis del coronavirus.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción deducida, tras establecer que en la especie no se acreditó conexión entre la empresa minera y el desabastecimiento hídrico que afecta a la comunidad.
