El ente contralor adujo que de los argumentos planteados por el recurrente, no se advierten elementos de hecho o de derecho que permitan modificar el criterio contenido en el dictamen recurrido y que sustente su alegación.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 4 y 24 de la Constitución Política de la República.
Se plantea que una de las problemáticas más importantes en torno a la calidad educacional está centrada en la valorización de la carrera docente, en donde se pueden apreciar varias aristas.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, seguidos ante la Corte Suprema.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostiene que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la LOCTC, esto es, falta de fundamento plausible.
Se recuerda que la Ley 20.590, que establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica, fue el resultado de un proyecto cuya tramitación finalizó en mayo de 2012.
El objetivo principal del proyecto ingresado es establecer el deber de los locales que expendan alimentos para ser consumidos en el mismo establecimiento, de facilitar servicios higiénicos a la población de riesgo.
El amparado señala que es víctima de hostigamientos por parte de fiscalizadores.
Corte de Puerto Montt señaló que antecedentes aportados por recurrente no son suficientes para estimar vulnerados sus derechos constitucionales.
El ente contralor indicó que existe reiterada jurisprudencia administrativa, de este origen, que ha precisado que esta Contraloría General no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus Oficinas Regionales en relación con los asuntos sometidos al conocimiento de aquellas.
