El órgano fiscalizador adujo que procede que ese servicio adopte las medidas tendientes a pagar, a la brevedad, los gastos generales que omitió solucionar con motivo de las obras adicionales ejecutadas en las señaladas contrataciones, así como aquellos gastos efectivamente acreditados.

Estado peruano no fue responsable de la violación a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, y a la protección judicial del juez destituido en un proceso disciplinario.

La reclamante fue sancionada con dos multas ascendentes a 140 UTM.

La demandada arrastra deudas previsionales y una serie de gestiones judiciales de embargo.

La demandada no acreditó los hechos en que fundó la causal del despido invocada.

El actor se vio obligado a contarle a su madre sobre su orientación sexual, a raíz de las burlas recibidas en su lugar de trabajo.

La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.

La Sala continuará a las 9:30 horas de este lunes analizando en particular las indicaciones presentadas.

No hay mayor detalle en la Constitución sobre el alcance y contenidos del reglamento. A la fecha, diversos académicos, centros de pensamiento e instituciones, han puesto a disposición resúmenes de experiencias comparadas, lineamientos y propuestas en la materia que vale la pena analizar.

En la discusión, los senadores analizaron los cambios que ha generado el uso de Internet en el ámbito del trabajo y cómo la pandemia ha acelerado ese fenómeno. «La idea es resguardar los derechos de los trabajadores en este espacio de informalidad», señalaron.