La Séptima Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, al denegar la cobertura al tratamiento recomendado por el médico tratante, en contravención al derecho constitucional a la integridad física y psíquica del infante.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se reduce la indemnización en proporción al daño acreditado.
La sobrecarga de trabajo le impedía descansar indebidamente y hacer vida social y familiar, situación que la empresa conocía por los Delegados de Prevención.
El militar en retiro quedó anoche en prisión preventiva e incomunicado en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El fallo emitido por la magistratura de la madre patria no cumple con el requisito establecido en el artículo 245 Nº3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, no se notificó al demandado en España ni en Chile, por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a defensa y, en consecuencia, el pase regio debe ser desestimado.
El acusado junto a un tercero intentó evadir un control vehicular, levantando las sospechas de la policía que al controlar al acusado observaron que intentaba ocultar más de un kilo de flores secas de cannabis.
La introducción por el empresario de mecanismos de control conducentes a comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales no supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si se justifica por la necesidad de garantizar la buena marcha de la actividad productiva y la gestión de las licencias retribuidas.
Las políticas de paridad de género pueden concretarse a través de instrumentos que le otorguen mayor puntaje o prioridad a estas últimas, para acceder a recursos en el marco de un proceso concursal
La dirección tuvo que advertir al recurrente, de manera verbal y en reiteradas ocasiones, que su actitud en el aula y respecto del alumnado, así como su práctica docente, no eran las más acertadas, ya que se habían recibido numerosas quejas del alumnado en relación al trato desconsiderado e inadecuado a los mismos.
La demandada no cumplió con su obligación de habitar el inmueble durante el plazo de 5 años luego de su adquisición, arrendándola a terceros e infringiendo así lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto Supremo Nº49 del año 2011. La magistratura condenó a la beneficiaria a pagar al SERVIU las 725 UF otorgadas mediante el subsidio para la vivienda
