Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó reclamación contra resolución que incrementó en 25% las multas cursadas por la Inspección del Trabajo.
La reclamante fue sancionada con tres multas ascendientes a 70 UTM.
La reclamante fue sancionada con tres multas ascendientes a 70 UTM.
La actora no logró probar los hechos en que sustentó las acciones.
El actor alegó que la remuneración se depositaba en la cuenta bancaria de su sobrino.
La reclamación y el petitorio realizado por el recurrente exceden los límites de la acción de protección.
La Audiencia Provincial de Valencia adujo que la situación enjuiciada es totalmente distinta la reducción de facturación de empresas en casos de crisis económica u otros eventos más o menos previsibles dentro del ámbito de los riesgos normales del contrato.
La consulta se realiza en el marco del proyecto de mejora del Régimen de Prestaciones Familiares que la interesada desarrolló en conjunto con la Unidad de Política Experimental de la Dirección de Presupuestos y el Banco Mundial.
Las facultades sancionadoras que la LOREG entrega a la Junta Electoral se encuentran en conformidad al derecho a la legalidad sancionadora asegurado en el artículo 25.1 de la Constitución Española.
El ministro estableció que en el proceso existen antecedentes suficientes, incluida la declaración del exmilitar y ayudante del director del hospital castrense a la época de los hechos, para estimar que le ha cabido participación, en calidad de encubridor, en el delito de homicidio calificado del ministro de las carteras de Interior y Defensa del gobierno de Salvador Allende.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, que condenó a Santana Torres a las penas de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito frustrado de incendio de inmueble habitado; 541 días de presidio como autor del delito consumado de hurto simple y 300 días de presidio por daños a bien de uso público.
Por medio de una resolución, la Cámara solicita al Gobierno que todas las personas que padecen la enfermedad puedan acceder a los medicamentos para el control de ésta.