El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional presentada y estableció que el actuar de la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Arica, constituye una privación al derecho a la libertad personal del recurrente.
La iniciativa cumple su segundo trámite en el Senado y posibilitaría que los afiliados a un sistema de capitalización individual retiren un porcentaje de sus fondos.
El Tribunal de alzada no hizo lugar al recurso intentado en contra de la sentencia dictada por Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Con ello turba o embaraza el goce de la cosa arrendada e incurre en actos de autotutela que el ordenamiento jurídico proscribe expresamente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso, tras establecer que no procede modificar los hechos establecidos por el tribunal de fondo y que sustentan la falta de servicio del centro asistencial al retardar el parto y dejar gasas en el interior del cuerpo de la paciente.
El fallo señala que la cláusula de aceleración dispuso que el banco ejecutante podrá hacer exigible el pago del pagaré en forma anticipada en caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas en que se divide esta obligación.
Razona la Corte que las normas penales deben ser interpretadas restrictivamente sólo en el caso de afectar derechos fundamentales de los imputados, pero no cuando ellas dicen relación con los efectos libertarios de cualquier apremio o restricción a su libertad, como ocurre con el abono pedido por el amparado.
Corte Suprema calificó el actuar de los recurrentes como autotutela
La legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente, el reconocimiento del derecho de Propiedad que invocan los recurridos.
La Corte concluyó que traspasar la carga probatoria al ejecutante infringe las normas reguladoras de la prueba.
