El asunto se refiere a la interceptación por un oficial de policía de documentos que el demandante, abogado, había entregado a sus clientes, bajo detención policial.
La decisión es considerada como histórica para quienes no se reconocen solo como hombres o mujeres.
El Tribunal de alzada estableció que hubo vulneración al disponer la entrega de información sin realizar el proceso de notificación a los eventuales afectados.
Se sostiene que pese a que en la ciudad Estado no hay un estatuto especial para estudiantes trabajadores, sí existe una ley para empleados de medio tiempo que establece cantidad de horas por día y remuneración mínima, además de feriados y permisos administrativos.
Se propone la creación de Tribunales Internacionales de Arbitraje para resolver violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas. Dichos tribunales podrían, de esta forma, contribuir a que las mujeres vivieran una nueva etapa del feminismo, en su mejor sentido.
María Serrano, directora de campañas sobre Migración del organismo, declaró que «Martine Landry no ha hecho nada malo ni ha cometido ningún delito. Simplemente llevó a estos dos jóvenes a una comisaría de policía para que pudieran ser inscritos y los atendieran como menores de edad».
Esther Major, asesora general de Investigación, Europa, del organismo arguye que cuando su familia dio a conocer con valentía su historia, ésta ganó enseguida los corazones de la opinión pública irlandesa, contribuyendo así a preparar el camino para el histórico referéndum de Irlanda.
El GIEI tendrá, entre otras, las atribuciones de analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica; analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación.
La gestión pendiente incide en autos sobre acumulación de infracciones, seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de Ñuñoa.
El recurrente estimó haberse infringido la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el estado y sus organismos en materia económica, entre otros.
