El Tribunal aplicó, además, a Jorquera Vargas las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El Tribunal de alzada redujo de 20 a 5 UTM la multa aplicada y mantuvo la sentencia en la parte que ordenó al municipio capacitar a sus funcionarios para atender apropiadamente a extranjeros que no hablan español.
La instancia aseguró que duplicarán el número de sesiones si es necesario a objeto de recoger los cambios necesarios y tramitar la iniciativa con la celeridad que amerita.
Los legisladores ponen de relieve la labor que tiene la institución policial en la prevención de femicidios en el país, para lo cual se estima importante generar las adecuadas herramientas de formación que les permita desarrollar dicha labor con eficacia.
Junto con esta propuesta legal, la Cámara contempla en su tabla otras siete iniciativas de ley, todas en su primer trámite legislativo.
Los legisladores dan cuenta de la necesidad de desarrollar políticas públicas en apoyo a este sector de la población que, conforme a los estudios desarrollados, representa más del 16% de la población mayor de 2 años.
La amparada consideró transgredidas las garantías contenidas en los artículos 5° y 19° N° 7 de la Constitución Política, en relación al artículo 7°, N° 7, del Pacto San José de Costa Rica.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz Pardo.
Se estimó que la resolución recurrida no puede ser calificada como contraria a derecho, puesto ha sido dictada por el juez en uso de sus atribuciones y ajustándose a las facultades que la ley le ha conferido.
El recurrente estima vulneradas las garantías a la igualdad ante la ley, la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, y el derecho de propiedad.
