Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Minería y Energía del Senado.
La sentencia señaló que la frase «sin necesidad de orden previa» es inconstitucional.
El plazo inicial para pagar las facturas es de 60 días y 25 meses después de la publicación de la ley se aplicarán los 30 días. La publicación en el Diario Oficial fue 16 de enero de 2019.
Esto, debido a que no fue reconocido como hijo natural conforme a la ley vigente a la época de su nacimiento, por lo que no tendría derechos hereditarios respecto de la causante.
El ente contralor indicó que no pueden postular o ejecutar proyectos en los programas e instrumentos de financiamiento que esa entidad ofrece, por infringir ello lo dispuesto en el artículo 56 de la ley N° 18.575.
La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 7 y 24 de la Constitución Política.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Dolmestch y Künsemüller.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso.
La gestión pendiente incide en recurso de queja que se encuentra pendiente ante la Corte Suprema.
Los recurrentes estimaron vulnerada su garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física de la población.
