La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, en la presentación efectuada en autos, no apareció que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La Corte de Santiago indicó que, el acto impugnado, es uno de mero trámite necesario para adoptar la decisión final, lo que aún no ha sucedido y, por lo mismo, sólo obedeció a las facultades propias de la institución recurrida.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que la medida fue dictada por la autoridad facultada dentro de la esfera de sus atribuciones, de manera fundamentada y en cumplimiento de una norma que autorizó que un funcionario sea llamado a retiro temporal mientras se instruyó el sumario administrativo respectivo.

La Corte de Punta Arenas indicó que, la propuesta de regularizar la continuidad del tratamiento de desintoxicación y estabilización psíquica del adolescente, por medio de su hospitalización, escapó a la naturaleza cautelar y de emergencia de la acción constitucional.

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso deducido, por estimar que los hechos descritos no reúnen los requisitos de admisibilidad señalados en el art. 20 de la Carta Fundamental.

El débito cuyo cobro pretende la recurrida y la factibilidad de agua potable son materias que exceden el marco de la acción de protección

Recurrente estimó vulneradas la igualdad ante la Ley y su derecho a la honra.

Corte de Valparaíso indicó que el amparo no es la vía idónea para impugnar una resolución judicial.

El ente contralor sostuvo esto, pues al momento en que la ley hizo el llamamiento para entrar en el goce del montepío de que se trata, ninguna reunía las condiciones exigidas.

El Tribunal Supremo de España acogió el recurso de la sociedad Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. (AUDASA) contra el Real Decreto 803/2017, de 28 de julio, por el que se modificó el Convenio entre la Administración General del Estado, la Xunta de Galicia y AUDASA.