La resolución señala que, pendiente el pronunciamiento de fondo es razonable atender a un criterio de prevención que informa la legislación ambiental y con ello resguardar un interés ambiental jurídicamente tutelado.
Igualmente, se agrega información sobre la determinación de los apoderados. Ello, en razón de lo mandatado por el TRICEL en causa Rol N° 161-2020, en cuanto a complementar el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, estableciendo un procedimiento de designación de los apoderados de las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas y que no participen en comandos.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada por vecinos y anuló la resolución que aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto, tras establecer la ilegalidad de la omisión de la participación ciudadana, como estipula la ley ambiental.
Las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.
Las diputadas y los diputados requirentes estiman que la tipificación del delito de negacionismo no satisface los estándares exigidos para entender que se trata de una limitación legítima y autorizada por nuestro ordenamiento constitucional a la libertad de opinión.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó el cobro de contribuciones extintas.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por Juzgado de Policía Local de Talagante, excepto en la parte que condenó al recurrente al pago de las costas.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en la parte que condenó a la reclamante y a Laboratorios Sanderson S.A. (que no recurrió), a pagar una multa de 200 UTA cada una, por coludirse con el objetivo mantener el control de la provisión de suero fisiológico.
El Tribunal estableció que la empresa no justificó la desvinculación del trabajador y le ordenó pagar al demandante: $780.000, de indemnización sustitutiva de aviso previo; $780.000, de indemnización por un año de servicio; el recargo legal (50%) por la suma de $390.000, y por feriado proporcional, la suma de $210.011.
