En la fuerza mayor han de concurrir que el hecho sea, además de imprevisible o que previsto sea inevitable, insuperable e irresistible y que haga imposible el cumplimiento de una obligación previamente contraída o impida el nacimiento de la que pueda sobrevenir, debiendo existir entre el daño producido y el evento que lo produjo un nexo de causalidad eficiente.

La acción ejercida lo fue la ordinaria de cobro de pesos que corresponde y es la propia del contrato de mutuo, y no a la acción cambiaria referida en la Ley N°18.092.

No existió una revisión independiente de la decisión de negar las solicitudes de repatriación que garantizara que había motivos legítimos y razonables, libres de arbitrariedad, para justificarla. Francia debe volver a examinar las solicitudes y asegurar que se otorguen garantías adecuadas contra cualquier arbitrariedad.

Empleados públicos, autoridades políticas, miembros del poder judicial, parlamentarios, quienes ejerzan cargos de elección popular, miembros de las Fuerzas Armadas y personas que en el desempeño de su trabajo manipulen o tengan a su cargo material sensible, tales como: explosivos, químicos o radiactivos.

El Ministerio Público tiene la facultad de formalizar la investigación tanto por hechos tipificados como delitos en el Código Penal como por hechos que configurarían delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.

El nuevo proceso constitucional debiera orientarse por una serie de principios rectores: (i) sin hoja en blanco, (ii) incorporar la visión experta, (iii) de optarse por un nuevo órgano especialmente electo deben corregirse factores distorsionadores de la representación empleados en la elección de convencionales 2021, entre otros.

Habría aceptado sobornos por más de 117 millones de yuanes (unos 16,7 millones de dólares) en varios cargos que ocupó entre 2005 y 2021.

Se ampliaría de cinco a quince el número de integrantes del máximo Tribunal.

Detenidas fueron sometidas a su revisión. Les instruye desprenderse de la parte superior de su ropa, luego bajar su pantalón y ropa interior, disponiéndoles que se agachen, quedando su zona genital y anal desnuda y a vista de la funcionaria.

Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.