Los parlamentarios ingresaron también propuestas para proteger los derechos de los consumidores y para avanzar en educación sexual, mejoras en la protección de salud y en seguridad en el tránsito.
El Tribunal condenó a Waldo Roberto Ángel Satriani Véliz y Henzo Ángelo Andrés Satriani Véliz a las penas 4 años y 3 años y un día de presidio, respectivamente, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.
El órgano contralor, precisó que no se ha acreditado que exista un único proveedor de los bienes -vehículos de campaña medianos y pesados- que se adquirieron.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Valderrama.
Se señala que a través de dictamen N° 75.756, de 2016, se determinó que el municipio debía requerir la autorización para regularizar la administración de las concesiones marítimas que había cedido a terceros particulares, lo cual se encuentra en trámite.
Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El dictamen expresa que la institución se encontraba facultada para incorporar en sus respectivas bases un criterio de incentivo del empleo a nivel local o nacional.
La recurrente consideró vulnerado el derecho de propiedad.
Concluyó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa.
El máximo tribunal consideró vulnerado el derecho constitucional de igualdad ante la ley.
