El ente contralor explicó que han transcurrido más de 32 años desde que aquella le fuese otorgada, por lo que procede concluir que el término para revisarla, por cualquier causal, se encuentra latamente vencido.
El máximo Tribunal ibérico consideró que no cabe apreciar intromisión ilegítima en el honor de la Fundación.
Corte de Temuco descartó la ilegalidad en los hechos denunciados pero indicó que el recurrente puede hacer valer sus derechos en una sede diversa a la del recurso de protección.
Corte de Santiago estimó que la pretensión del recurrente debe ser resuelta en un juicio de lato conocimiento ya que la acción de protección no es la vía idónea para estos efectos.
La Corte de Rancagua indicó que, no existió en el proceso elementos de convicción suficiente para estimar acreditado que existió algún acto arbitrario o ilegal.
La Corte de Concepción indicó que, el sumario administrativo que sancionó al recurrente, fue tramitado conforme a la reglamentación existente y aplicable.
El objetivo principal del proyecto ingresado permitir alterar el orden legal de los apellidos.
Recurrente estimó vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley.
El Tribunal de alzada señaló que sentencia recurrida no fue dictada con infracción de garantías constitucionales.
La Corte indicó que la resolución impugnada resulta arbitraria de modo que por su pronunciamiento y ejecución, fue conculcada la libertad personal de los amparados.
