Italia aprueba en referéndum recortar 345 congresistas lo que significaría un ahorro de 1.000 millones de euros en 10 años.
Las cámaras serán más eficientes y se acelerará el debate político.
Las cámaras serán más eficientes y se acelerará el debate político.
Una presunción sólo podrá ser invocada por el juez o la Administración en el evento que la denuncia o el acta de fiscalización contenga todas las garantías procesales que prueben la infracción.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores a la Ministra Brahm y al Ministro Pozo.
Un Convenio Marco no entrega al adjudicatario ningún derecho a ser contratado por el Estado, sino una mera expectativa.
La solicitud manifiesta que no se trata de una petición, vía información pública, de correos institucionales, sino de una orden de entrada y registro en una investigación penal que fue autorizada judicialmente, en el ejercicio de una competencia y un deber Constitucional.
El SII, en su traslado de fondo, señala que lo cuestionado por aquella repartición en la gestión pendiente, es la deducción efectuada por el Banco de Chile a su Renta Líquida Imponible, esto es, la deducción correspondiente a las utilidades acumuladas en el FUT de Banchile Factoring.
El Parlamentario asevera que la respuesta del gobierno debería ser una verdadera guerra contra la deforestación y el cambio climático. Pero, por el contrario, este escenario ambiental devastador solo ha producido la inacción y el vaciamiento de las políticas de mando y control en la zona.
La FNE, en su traslado de admisibilidad, alega que la responsabilidad solidaria no constituye una sanción y, por lo tanto, no resulta plausible una supuesta infracción al principio non bis in ídem ni al principio de proporcionalidad.
El proyecto propone incluir a todos los trabajadores al procedimiento de tutela laboral, eliminando la discriminación de los empleados públicos y los miembros de las FF.AA.
El órgano fiscalizador adujo esto, sin perjuicio de la facultad de la respectiva autoridad de evaluar la posibilidad de modificar los contratos o de poner término anticipado a los mismos, fundada en el interés público, si las circunstancias de hecho lo hacen necesario.