El hecho de que la Corte Suprema de Arizona haya determinado que la ley estatal de aborto es ejecutable plantea importantes preguntas sobre el futuro de los derechos reproductivos en el Estado y en el país en su conjunto.
La empresa demandada no solo no ha dado cumplimiento al régimen legal precitado, sino que deberá de resarcir al actor. Ello por cuanto el mismo, en su calidad de usuario y haciendo uso de sus derechos, se inscribió en el Registro Nacional “No Llame” y, a pesar de ello, continuó recibiendo oferta de productos y servicios en clara infracción al mismo, lo que deja en evidencia una clara violación al deber de trato digno.
La demanda, presentada en 2018 en nombre de miles de neoyorquinos afectados por la política, alegaba violaciones de derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I, Sección 3 de la Constitución del Estado de Nueva York.
La propuesta busca solucionar los problemas que provoca el uso de uva de mesa para vinificación, ya que compromete el prestigio de la industria vitivinicultora nacional.
La representante Cathy McMorris Rodgers ha subrayado la importancia de proteger a los ciudadanos contra la explotación de sus datos por parte de grandes corporaciones tecnológicas. La ley propuesta busca poner fin a prácticas como el seguimiento y la manipulación de comportamientos sin el consentimiento claro de los usuarios.
Bajo el derecho internacional está terminantemente prohibido que se ingrese de forma forzada a una representación diplomática. Lleva por tanto razón la SRE al escalar su protesta por lo ocurrido en Ecuador, retirar a su personal, suspender relaciones e iniciar acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia.
El artículo 25 de la Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea señala que La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, y en esta línea la Comisión y el Consejo proponen garantizar para los mayores la suficiencia económica tras la jubilación, y reforzar su derecho a la participación en la vida social, económica y familiar.
La norma establece medidas para fomentar el refinanciamiento de deudas de consumo y comerciales, mejorar el cálculo del pago mínimo de las tarjetas de crédito y potenciar el acceso a créditos para la vivienda y la construcción, entre otras materias.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen el debido proceso, el derecho a recurrir, el derecho a defensa, desde que aplicar un término preclusivo para reclamar la ineficacia del acto de la formalización le impide conocer los cargos por los que se le formalizará, privándolo de poder preparar una adecuada defensa.
El actor fue sancionado en 2018 luego de cursar una infracción a otro funcionario por beber alcohol en la vía pública, hechos que a la postre resultaron falsos, lo que devino en una condena por la magistratura castrense, que torna en irrecuperable su calidad de uniformado; por lo tanto, la acción cautelar es improcedente para pedir su reincorporación a las filas, así como para obtener la prescripción administrativa del sumario respectivo que aún no está afinado.
