Marcelo Drago señala que las hojas de vida son de interés público. El problema en este caso fue el procedimiento, pues el documento podría haber contenido información de carácter personal o de terceros.
El juicio contempla la presentación de 72 testigos y 13 peritos, por lo que se estima que se extienda por, aproximadamente, tres semanas.
El organismo manifiesta que nadie discute la necesidad de evitar más muertes, pero imponer condiciones insoportables a la gente en campos instalados en las islas griegas y amenazar con su devolución no es la respuesta.
El organismo asegura que el 94 por ciento de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras y que las investigaciones indican que en la mayoría de estos casos las personas no tuvieron la oportunidad de cuestionar su deportación.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada en el contexto de una petición sobre la presunta violación de derechos reconocidos en la Declaración Americana.
La iniciativa fue presentada originalmente en junio de 2013 y quedó suspendida en marzo de 2014 con la llegada de la nueva administración de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
El máximo Tribunal ratificó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Chillán.
El Tribunal ordena pagar $1.500.000 por concepto de lucro cesante y $15.000.000 por daño moral.
El máximo Tribunal estableció que la Constructora Visión SpA y la Junji deben cancelar las prestaciones adeudadas, sin que la fecha de la quiebra de la empresa ponga límite para exigir dicho pago a los trabajadores que fueron desvinculados injustificadamente, antes de la fecha de liquidación de la empleadora.
En el documento se afirma que la sanción impuesta por la AEPD es un aviso claro a lo que se avecina tras el próximo 25 de mayo. Nadie va a quedar impune en materia de privacidad.
