Razona el fallo, que no yerra la sentencia impugnada al aplicar el procedimiento de tutela laboral a la demanda interpuesta por el funcionario, pues los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.

La Comisión de Constitución del Senado escuchó la opinión de la Ministra del Trabajo, de un economista y del vocero del movimiento No +AFP y tras ello esperan escuchar constitucionalistas para conocer sus opiniones sobre la iniciativa.

La Comisión especializada de Infancia del Senado está avanzando en la definición de criterios y está analizando si es que existirá alguna medida especial para quienes no paguen por estar cesantes.

La sentencia de la Corte de Concepción señaló que, al despedir a la trabajadora, el empleador extinguió la posibilidad de ampararse del remanente del plazo que contempla el inciso segundo del artículo 9° del Código del Trabajo.

La Corte Suprema señaló que, correctamente la Contraloría Regional de La Araucanía concluyó que tal desembolso no se ajustó a derecho.

La Corte Suprema señaló que, la negativa a proporcionar a la recurrente el acceso al fármaco, único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que la aqueja, apareció como arbitraria.

La sentencia de la Corte Suprema, fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Jorge Zepeda y del Abogado Integrante Julio Pallavicini.

El objetivo principal del proyecto ingresado es atender la demanda de alimentos que se está produciendo por la pandemia.

La SACROI COVID-19 fue creada para fortalecer las capacidades institucionales de la CIDH para la protección y defensa de las libertades fundamentales y derechos humanos en este contexto.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso administrativo y a la seguridad social del accionante.