La sentencia señala que se configura la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC, generando la improcedencia del requerimiento.
Considera apropiado, en un espíritu de colaboración institucional y respetando los límites de sus poderes, posponer la decisión de las consultas de constitucionalidad para permitir que el legislador apruebe mientras tanto una nueva regulación, en línea con los principios constitucionales y convencionales.
El Ministro Barroso sostuvo que la protección ambiental es un deber constitucional del gobierno federal, y no una opción política.
Hungría conculcado la obligación de garantizar un acceso efectivo al procedimiento de asilo y no se han observado las garantías de procedimiento relativas a las solicitudes de protección internacional.
El fallo estableció que el cobro a la empresa eléctrica procede únicamente respecto de las emisiones realizadas a partir del 1° de junio de 2016.
Cerca de 11 mil denuncias ha recibido la Dirección del Trabajo por faltas en empresas que se encuentran trabajando en periodo de cuarentena. La mayoría estarían relacionadas con la salud y seguridad de los trabajadores, como la no entrega de elementos de protección.
Para el juez, en el libro se «desliza» que el demandante «fraguó su condición de detenido y torturado durante la dictadura militar, inventándose un pasado revolucionario». Según el fallo, esto generó una «proyección negativa sobre su derecho a la identidad» y un «daño resarcible».
Su fundamento parte de la exigencia de autocuidado de las víctimas, cuyo comportamiento se modela en torno al deber análogo de no dañar al prójimo, y su fisonomía se entrelaza a través de la causalidad.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación deducido en contra de la Corte de Apelaciones de San Miguel que confirmó la sentencia de primera instancia, que determinó la responsabilidad de la recurrente en los hechos como sostenedora del establecimiento.
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del edil, debido a que los jueces de policía local por ley, están sujetos al control de la respectiva Corte de Apelaciones.
