El fallo indicó que desapareció el fundamento por el cual la recurrida se negó a recibir el pago de la cuota sindical del recurrente tornando en arbitraria esta determinación.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago.
Se estimó que del mérito de los antecedentes que fueron allegados al expediente no se advierte irregularidad alguna que pueda ser imputada a la recurrida en los términos que el recurrente refiere.
El máximo Tribunal estimó que de los antecedentes del recurso aparece que la situación allí descrita sí constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, por lo que su mérito deberá decidirse al conocer del fondo de la acción deducida.
Se estimó que los antecedentes expuestos en el recurso no dan cuenta de hechos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, correspondan a aquellos susceptibles de la cautela impetrada por esta vía.
El cuestionado dictamen había concluido, en síntesis, que el cargo de Fiscal Nacional Económico no forma parte del SADP, razón por la cual no tendría derecho a la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, al término de su segundo período de cuatro años.
La demandante expresó que al momento extenderse sus licencias médicas maternales de pre y post natal, la caja de compensación demandada realizó de manera errónea el cálculo para el pago de dicho subsidio.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La incorporación de una normativa que contemple -concretamente-las posibles manifestaciones de inconducta procesal en la ley de forma, ha sido materia de cuestionamiento bajo razones de diversa índole.
La gestión pendiente incide en autos penales seguidos ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
