El máximo Tribunal estimó que no se efectuó una solicitud formal, en los términos de la Ley sobre Protección de Refugiados.
La fiscalización habría desatendido aspectos sustanciales, los que decantan finalmente en que se cursen infracciones que le generan agravio.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de Santiago.
Por publicar movimientos bancarios de la ex presidenta de la Diputación Provincial de León.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien fue de opinión de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.
Entre las materias abordadas por la iniciativa se encuentran el derecho a retracto, los contratos de adhesión por medios electrónicos, el derecho de prepago en operaciones de consumo financiero, garantías, denegación de embarque de pasajeros por vuelos sobrevendidos y prescripción de recetas médicas electrónicas.
La iniciativa busca introducir mejoras en la carrera funcionaria, con el propósito de satisfacer una legítima aspiración de ascensos periódicos y otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo.
La iniciativa fue aprobada en general el pasado 16 de enero, pero fue objeto de indicaciones que obligó a la elaboración de un segundo informe de la Comisión de Educación, el cual fue aprobado en la presente jornada.
El máximo Tribunal consideró que no existían indicios que facultaran a la policía para realizar la diligencia intrusiva por la eventual comisión de algún delito.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta con declaración que fija en $10.000.000 la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar la recurrente.
