La Corte de Valparaíso estimó que el actuar de la recurrida lesionó el trato igualitario que la Constitución Política de la República reconoce a todas las personas y, al mismo tiempo, haber resuelto sin sujeción al debido proceso.

La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Sergio Muñoz y Carlos Aranguiz quienes estuvieron por imponer las costas del recurso a las recurridas por partes iguales.

Se señaló que es imposible establecer de qué manera pudo haber sido afectado la garantía que la recurrente señaló conculcado.

El máximo Tribunal estimó el actuar de la recurrida como ilegal y arbitrario.

El recurrente estimó vulneradas la garantía establecida en el artículo 19 número 4 de la Constitución.

Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad social de la Cámara de Diputados.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.

La gestión pendiente incide en autos de protección, de que conoce la Corte de Santiago.

Recurrente estimó vulnerada la garantías establecidas en el artículo 19 números.