La Corte de Arica señaló que, la autoridad regional al desistirse de la acción penal evidenció con ello que no tuvo intención de que fuera indagado el supuesto delito cometido.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución.
La gestión pendiente incide en autos sobre de que conoce la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo interpuesto por la requirente, en proceso con el Servicio de Impuestos Internos por liquidaciones tributarias.
Corte Suprema estimó que la conducta del recurrente lo expuso al riesgo de la sustracción de sus fondos.
El máximo Tribunal desestimó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valdivia, al estimar que lo requerido por la recurrente excede el marco de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
Corte de Temuco estimó que con modificación legal del Decreto Ley 321 sobre libertad condicional, el amparado no reúne los requisitos para postular al beneficio.
La Corte de Iquique estimó que aun cuando se reúnan los requisitos formales para optar al beneficio, es necesario ponderar todos los antecedentes para conceder la libertad condicional.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1.
El máximo Tribunal estimó que, la autoridad recurrida se encontró legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada.
