Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía, con competencia en Familia de Cabrero.
El recurrente estimó vulneradas las garantías a la igualdad ante la ley; a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; entre otras.
La Fiscal De Orúe concurrió a la decisión de anular el fallo, pero fue de opinión de que fuera la Corte quien dictara la sentencia de reemplazo.
Planteada la acción de inconstitucionalidad, le corresponderá al Tribunal Pleno decidir sobre su admisión a trámite y posterior admisibilidad, para luego emitir un pronunciamiento sobre el fondo.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del abogado integrante Mario Palma Sotomayor.
Señala que un Poder Judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales, debilita el Estado de Derecho llamado precisamente a proteger, creando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos y su actuación en el desarrollo de sus actividades.
El Tribunal Constitucional procederá a discutir si es aplicable o no el decreto de Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones.
El Tribunal consideró arbitraria la decisión de cerrar las consultas sin que exista normativa para ello.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que acogió la demanda en contra de la Sociedad de Servicios Transaccionales Caja Vecina S.A
