Se trata de una profesional cuyas competencias son otras y que, por ende no puede ser responsable de la adecuada interpretación de placas mamográficas, ecografías mamarias y otros métodos de imágenes.
La víctima tenía la intención de volver a Chile por la situación insostenible y el miedo que le tenía al condenado.
La moción responde a la urgencia de proteger los glaciares y de plasmar en el Código de Aguas la clara prohibición de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas sobre ellos.
El Tribunal estableció la responsabilidad del Fisco en los apremios ilegítimos a que fue sometido prisionero en1986, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, y en 1987 con ocasión de la última protesta nacional contra el régimen de la época.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución del Ministro en visita Mario Carroza, que absolvió a Alejandro Álvarez Guerra y Guillermo Reyes Rammsy por falta de participación en el delito.
Institucionalmente, son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado. Se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
La sala de Estrasburgo marca una diferencia entre los buscadores generalistas como Google y las hemerotecas de los medios de comunicación en el alcance del olvido y contradice a los jueces españoles, que las situaron al mismo nivel.
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas del organismo, manifestó que «la simulación del Gobierno del Presidente Ortega con el diálogo continua siendo parte de su política de represión, como se refleja en los episodios de violencia del fin de semana».
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario al excluir al campamento recurrente del registro que permite postular a beneficios sociales.
Desde el punto de vista estríctamente jurídico, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ, ni haber suscrito el Pacto de Bogotá , Venezuela ha optado por defender un principio angular en derecho internacional como lo es el consentimiento previo del Estado a someterse a la justicia internacional.
