En la audiencia de control de la detención, la magistrada informó al imputado que existía una orden de detención vigente en su contra, dictada por el tribunal exhortante.
El Tribunal de alzada elevó la pena de 5 años y un día que había establecido en la causa el ministro en visita Mario Carroza.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda por falta de servicio del Estado.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la demandada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
El Tribunal rechazó en todas sus partes la reclamación interpuesta por la empresa, en contra de la seremía de Salud.
El Tribunal de alzada declaró la vulneración de derechos por actos de discriminación y ordenó a la demandada pagar, entre otros, una indemnización de perjuicios por daño moral de $15.000.000, declaró la nulidad de anexo de contrato y mutuo acuerdo de las partes por estar viciado el consentimiento por fuerza moral.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 3.
La Corte Suprema indicó que, la recurrida incurrió en un acto ilegal.
El ente contralor adujo que de la documentación acompañada por el Ejérciot, consta que las imposiciones por las aludidas labores docentes fueron enteradas en la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital.
Esto, con el fin de impugnar su evaluación correspondiente al periodo 2017-2018, en la que fue ubicado en Lista N° 3 e incluido en la nómina anual de retiros.
