No existió ningún impedimento para que el recurrente cesara en su cargo a contar del año 2017.
El ente contralor adujo que el peticionario se encuentra en retiro desde el día 25 de septiembre de 2015, por lo que había transcurrido el plazo de tres años, siendo extemporánea su solicitud.
La gestión pendiente incide en causa sobre reclamación seguida ante la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de apelación.
La Magistratura colombiana ordenó a Notaría de Medellín que corrigiera el registro civil de la menor, de manera tal que el nombre de su madre quedara inscrito correctamente.
El máximo Tribunal estimó que la institución recurrida vulneró el derecho a la igualdad de trato hacia el menor.
El Tribunal Constitucional peruano concluyó que, habiéndose determinado que el demandante estuvo protegido durante su actividad laboral por los beneficios del Satep, le corresponde gozar de la prestación estipulada por su régimen sustitutorio el SCTR y percibir la pensión de invalidez permanente parcial regulada en el artículo 18.2.1, en un monto equivalente al 50 % de su remuneración mensual, en atención al menoscabo de su capacidad orgánica funcional.
Corte de Arica estimó que comportamiento de recurrido al aplicar autotutela vulneró el derecho de propiedad de los recurrentes.
Corte de Iquique estimó que amparada cuenta con arraigo social en el país que no fue ponderado por la autoridad ministerial requerida.
Máximo Tribunal estimó que hechos denunciados no implican una vulneración de las garantías protegidas por el artículo 21 de la Constitución.
El amparado fue condenado por tráfico de drogas hace más de 10 años.
