Se rechazó el recurso de casación en la forma y se revocó la sentencia apelada, rechazando la demanda interpuesta.
Cabe recordar que el procedimiento tuvo su origen en la demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 57/1968.
La gestión pendiente incide en autos sobre acción de nulidad de derecho público, seguida ante el Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Iquique.
El fallo impugnado no hizo lugar a la imputación requerida por el deudor.
El máximo Tribunal trasandino hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General.
La gestión pendiente incide en un recurso de casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
Se alegó infringido el derecho de propiedad incorporal que mantiene sobre las prestaciones educacionales y sobre la calidad de alumna regular que detenta.
Se concluye que las modificaciones que se buscan introducir en el Senado, en nada ayudan a soslayar la vulneración de los derechos, ya que el resguardo de información no se refiere únicamente a un tema de nombres, sino a la información y vivencias que ahí se contienen.
Se busca mantener su objetivo central y las propuestas del Ejecutivo en materia de fiscalización, pero restando todas las materias en las cuales no hay consenso para avanzar.
La sentencia del Tribunal de alzada sostiene existen disconformidades que hacen que el crédito que sirve de antecedente a la demanda ejecutiva, no se encuentre determinado o sea determinable.
