La Magistratura colombiana adujo que el Estado, en todos sus niveles, tiene el deber de garantizar el acceso a los espacios físicos de uso público de las personas con discapacidad.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Freirina.
Corte de Valparaíso señaló que no existe arbitrariedad en los hechos denunciados y que fueron aceptados por la recurrente.
Corte de Punta Arenas estableció que a recurrente se le privó de su derecho a un debido proceso.
Máximo Tribunal señaló que la omisión de codificación del dispositivo por parte de la administración pública, no puede ser una justificación razonable para impedir la cobertura a afiliado.
El ente contralor sostuvo que SEREMI deberá revisar la situación planteada y dar una respuesta directa al recurrente, debidamente fundada y detallada, pronunciándose sobre el fondo del asunto.
El Tribunal de Alzada indicó que, de los antecedentes acompañados al recurso, no es posible establecer con claridad, que la manifestación en comento, haya tenido el carácter de pacífica.
El Tribunal de Alzada indicó que, no se advirtió la existencia de un motivo plausible para negar la visación requerida.
El objetivo principal del proyecto ingresado es acercar la ciudadanía a la actividad parlamentaria.
