Si bien existió la posibilidad de postular al beneficio al cumplir con la mitad de la condena, dicho germen de derecho desapareció con la entrada en vigor de la Ley N°21.124, al modificarse el tiempo mínimo exigible.

La deficiencia física, mental o sensorial no perceptible a simple vista se denominará discapacidad invisible.

El máximo Tribunal interpretó en este sentido las normas de las leyes Nº21.226 y 21.379, al considerar que el término probatorio en el caso de autos se encontraba suspendido por la crisis sanitaria, por lo tanto, era improcedente acoger la solicitud de abandono opuesta por la parte demandada.

El ministro Delpiano observó, el uso de multiplicidad de normas extranjeras en materia de evaluación ambiental de proyectos; así como las dificultades en materia probatoria en causas de daño ambiental, como consecuencia de las complejidades técnicas de las mediciones que se efectúan.

El máximo Tribunal descarto yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda.

El Tribunal de alzada confirmó, en lo apelado, la sentencia pronunciada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, con declaración que el monto reparatorio se aumenta a una suma más condigna a los perjuicios provocados.

El máximo Tribunal descartó yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de protección del interés colectivo de los consumidores, presentada por el Sernac. 

El proceso constituyente se encuentra vinculado a la decisión de asuntos que importan a la sociedad civil en su conjunto (acorde con la voluntad y las necesidades de los ciudadanos en general). Por lo que los posibles canales de participación popular para la definición de un nuevo orden constitucional, no se condice con las funciones y atribuciones otorgadas a los gobiernos locales (satisfacción de necesidades comunales).

El requirente alego que la posibilidad de enervar la suspensión decretada con el pago de una caución vulnera sus garantías constitucionales.

Tribunal otorgó la protección solicitada para garantizar los derechos de la actriz, los que razonablemente cobran mayor relevancia por atentar contra la dignidad, honor y seguridad de una mujer.