Lanzamiento de una nueva Estrategia Nacional con un Plan de Acción para combatir ambos delitos prepararán al país para la próxima evaluación internacional que el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat) realizará a partir del año 2019.

El Tribunal estableció que el despido de la trabajadora de la Unidad de Administración y Finanzas del INDH se debió al testimonio que prestó y no por el término de contrata.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al no notificar a la empresa constructora e inmobiliaria Presidente Riesco S.A. del proceso de declaración de monumento nacional, en la categoría de monumento histórico, de la antigua Villa.

El Tribunal condenó al Servicio Sanitario a pagar $50.000.000 a paciente.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial presentada por una madre del Colegio Andino, cuyo hijo fue víctima- el pasado 14 de marzo- del maltrato de la apoderada recurrida.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, que ordenó pagar a paciente la suma de $5.000.000, con la declaración que la suma que deberá pagar el Hospital Regional de Antofagasta se aumenta a $16.000.000.

El organismo señala que desde que el grupo armado de los huzíes y sus aliados tomaron el control de grandes zonas de Yemen a finales de 2014, miles de personas han sido víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura por su presunta afiliación política o creencias religiosas.

Uno de los problemas es que deportistas que puedan haber colaborado en una conducta ilícita puedan ser considerados «héroes nacionales» por la opinión pública.

Aunque el organismo no tiene permitida la entrada en el país desde hace casi 30 años, ha documentado cómo siguen llevándose a cabo detenciones y actos de intimidación y acoso contra activistas y periodistas independientes en los meses anteriores a la marcha prevista de Raúl Castro.

El máximo Tribunal acogió recurso de unificación de jurisprudencia y dictó sentencia de reemplazo en la que descarta ilicitud de grabación obtenida por representantes de los trabajadores en un encuentro con el empleador.